El aumento de las olas de calor prolongadas en España ha puesto de manifiesto un desafío creciente: la pobreza energética estival. Familias vulnerables se ven incapacitadas para mantener un respiro térmico adecuado en sus hogares, enfrentando una disyuntiva entre soportar temperaturas extremas o afrontar facturas eléctricas imposibles de pagar.
Históricamente, la pobreza energética se asociaba con la dificultad de mantener los hogares calientes en invierno. No obstante, el cambio climático ha exacerbado esta situación, convirtiendo el problema de no poder pagar la climatización en verano en un peligro directo para la salud de las personas mayores, los niños y quienes padecen enfermedades crónicas. Estar expuesto a temperaturas extremadamente altas sin acceso a sistemas de enfriamiento puede provocar golpes de calor, deshidratación y serias complicaciones médicas.
Vulnerabilidad económica y social frente al calor
La pobreza energética durante el verano abarca dos aspectos de vulnerabilidad. Primero, el económico, vinculado a la dificultad de pagar facturas eléctricas en aumento durante los meses calurosos. Segundo, el social, que impacta más fuertemente a hogares con menos recursos, familias monoparentales lideradas por mujeres y quienes residen en viviendas mal aisladas o con infraestructuras inadecuadas para combatir las altas temperaturas.
Este fenómeno evidencia la necesidad de abordar la energía como un derecho básico, estrechamente vinculado a la salud, el bienestar y la dignidad de las personas, y no simplemente como un bien de consumo.
Soluciones locales y comunitarias
Frente a este desafío, surgen respuestas desde lo local y lo comunitario. Varios municipios y organizaciones sociales desarrollan programas de rehabilitación energética que incluyen la instalación de sistemas de aislamiento y mejoras en la eficiencia de las viviendas, reduciendo la dependencia del aire acondicionado. Otras iniciativas proporcionan kits de eficiencia, como bombillas de bajo consumo y ventiladores, así como asesoramiento para optimizar el uso de la energía sin sacrificar el confort.
La transición energética y la justicia social
Combatir la pobreza energética requiere medidas estructurales que vayan más allá de la asistencia puntual. Es imprescindible reforzar la protección de los consumidores vulnerables, garantizar el acceso a viviendas adecuadamente acondicionadas y promover políticas de eficiencia energética que incluyan a los sectores más desfavorecidos.
La transición ecológica, para ser justa y efectiva, debe integrar a quienes sufren desigualdad energética, asegurando que el acceso a la energía sea universal y que las estrategias de adaptación al cambio climático no dejen atrás a las familias más expuestas al calor extremo. La manera en que se enfrente este reto será un indicador del compromiso social y del enfoque humano de las políticas climáticas y energéticas en el país.
